Las municipalidades son gobiernos locales con personalidad jurídica propia, lo que significa que tienen la capacidad legal de adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir su función: administrar los intereses y servicios de su comunidad.
Autonomía Municipal
La autonomía municipal permite a cada gobierno local tomar decisiones en función de su territorio y población. Esta se manifiesta en varias dimensiones:
Política: Capacidad para definir sus políticas, programas y presupuesto. Implica autogobierno y elección de autoridades.
Normativa: Facultad de emitir reglamentos internos y planes reguladores del cantón.
Tributaria: Derecho a proponer y administrar sus propios impuestos y tributos locales.
Administrativa: Posibilidad de regular sus propios servicios públicos y gestionar sus recursos.
Facultades Municipales según el Código Municipal (Art. 4)
Las municipalidades pueden:
Dictar reglamentos de organización y servicio.
Elaborar y ejecutar su presupuesto.
Prestar y administrar servicios públicos municipales.
Aprobar tasas, precios y contribuciones.
Recaudar y administrar sus ingresos.
Firmar convenios y contratos con entidades nacionales o internacionales.
Convocar a consultas populares locales.
Promover el desarrollo local inclusivo y participativo.
Impulsar políticas de igualdad y equidad de género.